Empresas dilatan procesos para no resarcir a clientes

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Una de las dificultades que enfrenta la Autoridad de los Servicios Públicos (Asep) para poner sanciones a las empresas que no estén brindando un servicio adecuado, en especial a las de electricidad, es que las mismas interponen recursos para dilatar los procesos y el pago de multas que debe beneficiar a los usuarios finales.

Los usuarios señalan que se deben revisar los contratos con el Estado, ya que los mismos benefician a las empresas y no a la población, que sufre con el mal servicio que se ofrece.

El administrador del ente regulador, Roberto Meana, explicó que por ejemplo, un proceso que empezó en el 2013 y que por la continua presentación de recursos, que en la mayoría de los casos son rechazados por la Corte Suprema, el cliente final no recibe el beneficio de la multa que se impone a las empresas infractoras.

Esto en referencia al caso del apagón nacional ocurrido en Puerto Gago, provincia de Coclé, el 25 de febrero de 2013, y no fue sino hasta este año cuando se pudo imponer las multas respectivas a tres empresas generadoras, tres de distribución, la Empresa de Transmisión Eléctrica y al Centro Nacional de Despacho por el incumplimiento a las normas vigentes.

Se resolvió sancionar a estas empresas por un monto total de 2 millones 250 mil dólares fraccionado en 250 mil dólares para cada empresa y 500 mil dólares para el Centro Nacional de Despacho (CND), montos que serán traspasados a la factura de los clientes.

Con la finalidad de evitar que se siga abusando de recursos, existe una iniciativa en la Asamblea Nacional, que busca llenar el vacío legal en la Ley 6 de 1997, de manera que permita a la Asep hacer frente a través de controles legales efectivos, salvaguardando principalmente los derechos de los usuarios del servicio.

En la exposición de motivos del proyecto de ley 185, se indica que una de las razones que han impedido que la Asep pueda desarrollar controles efectivos y sanciones adecuadas es la cantidad de recursos y acciones legales constantes y sin motivo, que interponen las empresas eléctricas, para dilatar, minimizar, evitar sanciones, lo que resulta muchas veces temerario en la interposición de las mismas.

El proyecto indica que se adiciona el artículo 30-A a la Ley 26 de 1996 y señala que la autoridad tiene la facultad para determinar la temeridad en la presentación de acciones administrativas por parte de los prestadores de los servicios públicos.

Se establecerá la obligación de consignar una garantía bancaria por la suma de $250,000 por cada acción presentada con posterioridad a la declarada temeraria, garantía que debe ser renovada por el término que dura el proceso.

Por su parte, los usuarios se muestran poco optimistas en cuanto a la solución de esta problemática, ya que afirman que en los contratos del Estado con las concesionarias, se beneficia a las mismas.

Pedro Acosta, representante de los usuarios y consumidores, señaló que se sigue recibiendo un mal servicio y se sigue teniendo pérdidas, por lo que propone que se revisen los contratos con las empresas de servicio público.

En cuanto al levantamiento de pliego de cargos contra Etesa, por los apagones pasados, aunque es una entidad gubernamental, Acosta indicó que este proceso también podría demorar muchos años en la Corte.

Para el abogado Miguel Antonio Bernal, en el momento en que se cometió el gravísimo error de poner en manos de empresas privadas los servicios de comunicación y electricidad, los perjuicios para la población panameña no han dejado de aumentar.

“Simultáneamente se ha creado una telaraña jurídica que les permite a las concesionarias navegar en mar de impunidad por todo el daño que por acción u omisión perpetran contra la población y no contando la población con nadie que la defienda”, dijo el abogado Bernal.

Responsabilidad

Según la Asep, no hubo mantenimiento por parte de Etesa para evitar los apagones de marzo pasado, ya que se produjeron eventos parecidos desde el 2015.

Sin embargo, Iván Barría, quien era el administrador de Etesa, decidió dejar el puesto.

Para Bernal, de comprobarse que hubo falta de mantenimiento, Barría tiene que ser llamado a rendir cuenta, y a que sea objeto del debido proceso y de respectivas sanciones por su omisión de funciones.

“El Ministerio Público debe investigarlo y deslindar responsabilidades, ya que es una de sus funciones establecidas”, dijo.

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Fuente: Panamá América